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La Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación (REDD)
El REDD –reducción de emisiones producidas por la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo– es un mecanismo que se ha propuesto para mitigar el cambio climático, el cual busca reducir las emisiones de gases de invernadero mediante el pago a las naciones en desarrollo para que detengan la tala de sus bosques. La deforestación de los trópicos produce entre el 12 y el 17 por ciento de las emisiones de gases de invernadero de origen antrópico, lo cual representa una proporción mayor que la causada por la suma de todos los automóviles, camiones, barcos, aviones y trenes del planeta.
Existe un amplio consenso de que un mecanismo REDD apropiadamente diseñado constituye una medida efectiva desde el punto de vista costo-beneficio, que simultáneamente sirva para que se conserven las selvas, se frene el cambio climático, se proteja la biodiversidad, se impulse el desarrollo sustentable y se mantengan los importantes servicios ecológicos proporcionados por los ecosistemas forestales saludables. El concepto REDD ha ganado el apoyo de una amplia gama de intereses, incluyendo a conservacionistas, grandes empresas, científicos, gobiernos, agencias de desarrollo y algunos grupos ambientalistas y de defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, todavía persisten ciertas inquietudes acerca de la forma de implementación del REDD, así como sobre la distribución equitativa de los beneficios entre los distintos actores involucrados.
Los antecedentes del REDD
El concepto REED no es una idea nueva. En las décadas de 1980 y 1990, los científicos ambientales propusieron que se compensara por la conservación de las selvas tropicales, pero no fue sino hasta la segunda mitad de los noventa que la idea adquirió mayor valor en el escenario internacional, cuando fue objeto de discusiones en varios eventos dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), incluyendo la Conferencia de las Partes CDP3 desarrollada en Kioto en 1997. No obstante, las inquietudes de carácter técnico y la oposición de ciertos grupos ambientalistas (encabezados por el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés), ocasionaron que la conservación de los bosques fuera excluida del Protocolo de Kioto en el 2001.
Durante el año 2005 el concepto de la “deforestación evitada” resurgió en el panorama internacional gracias a la conformación de la Coalición de Naciones de la Selva Tropical, un grupo de países tórridos que se encuentra negociando para que la conservación forestal sea considerada como una forma de mitigación del cambio climático. La Coalición, liderada por Papúa Nueva Guinea y Costa Rica, presentó la propuesta “Reducción de las emisiones producidas por la deforestación en los países en desarrollo: medidas para estimular las acciones” en la CDP11 en Montreal desarrollada en el 2005. Dos años de negociaciones y avances técnicos culminaron con el Plan de Acción de Bali en diciembre de 2007, el cual llamaba a “instrumentar políticas e incentivos positivos sobre los temas relacionados con la reducción de emisiones producidas por la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo [REDD] y, sobre el papel de la conservación, el manejo sustentable de los bosques y el mejoramiento del almacenamiento de carbono forestal en esas naciones”. El apoyo hacia el REDD se ha ampliado y profundizado desde Bali: este mecanismo fue una de las pocas áreas en las que se vio progreso durante las pláticas sobre el clima desarrolladas en Copenhague en diciembre de 2009.
El mecanismo de protección de los bosques se ha expandido desde su concepción original que buscaba evitar la deforestación hasta abarcar la degradación forestal (representada por la segunda “D” del acrónimo REDD). Posteriormente evolucionó para incluir el manejo forestal sustentable (para reducir el impacto de la tala) y la reforestación, convirtiéndose en el REDD-plus (“REDD+”).
Los puntos clave del REDD
Aunque actualmente existe un apoyo considerable hacia la iniciativa REDD, aún quedan muchos puntos por definir, incluyendo las fuentes de financiamiento para sostener al mecanismo y para proveer de suficientes incentivos económicos que detengan la deforestación; los criterios para establecer umbrales confiables de deforestación, los aspectos técnicos con respecto al monitoreo y verificación de los cambios en la cobertura forestal; las inquietudes acerca de los problemas de gobernabilidad y la tala ilegal; las fugas internacionales, en donde la conservación de los bosques en un país conduce a la deforestación de otro; la escala de implementación, que incluye el debate entre los proyectos “nacionales” contra los proyectos “sub-nacionales”; la equidad, que engloba la tenencia y la propiedad de la tierra, así como la participación de las comunidades dependientes de los bosques; los cuestionamientos acerca de cómo afrontar a los promotores de la deforestación, tales como el consumo de bienes y servicios en los países desarrollados; el manejo forestal sustentable (la reducción de los impactos ocasionados por la tala) contra la protección de los bosques primarios como ecosistemas intactos; la protección de la biodiversidad y los servicios ambientales en los ecosistemas que no contienen carbono en abundancia; y las controversias suscitadas con respecto a los mecanismos de compensación de carbono y la inclusión del carbono forestal en los esquemas de los mercados comerciales.
El arranque del REDD
No obstante que aún no se firma un acuerdo sobre el REDD, algunos de sus proyectos ya se encuentran en marcha en varios países; las naciones industrializadas han comprometidos miles de millones de dólares para las primeras iniciativas del mecanismo, canalizados a través del Programa REDD de Naciones Unidas y el Fondo para Reducir Emisiones de Carbono mediante la Protección de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial, entre otras entidades. Una vez que se alcance un acuerdo, el 2013 sería la fecha más próxima en la que el REDD podría comenzar a operar formalmente, después de la expiración del Protocolo de Kioto.
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